El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso local presentó este 29 de mayo siete reformas al Código Penal del Estado de Querétaro relativas a la divulgación de imágenes pornográficas de una persona sin consentimiento, portar objetos útiles para alterar o forzar aparatos de seguridad, la alteración de placas de circulación de vehículos, portar distintivos u objetos de elementos de seguridad del Estado, la alteración de escenas de crímenes, el ejercicio fuera de tiempo de labores legislativas de funcionarios públicos, y penas para quienes quebranten sanciones judiciales y administrativas de privación o inhabilitación de derechos o funciones.
La primera reforma busca castigar con uno o hasta tres años de prisión a quienes obtengan y divulguen las imágenes de las partes íntimas o genitales del cuerpo de una persona sin su consentimiento; también se contempla castigar a quien amenacen con difundir imágenes eróticas o sexuales de una persona.
En materia de delitos contra la seguridad pública, se buscará imponer penas de 1 a 5 años de prisión a quienes porten objetos o instrumentos que sirvan para alterar o forzar cerraduras y dispositivos de seguridad tanto físicos como electrónicos.
También se busca castigar a quien altere las placas de circulación de vehículos, así como a las personas que tengan conocimiento de que los inmuebles o vehículos de su propiedad son usados para la comisión de un delito y no den aviso a la autoridad correspondiente.
En los delitos correspondientes a la usurpación de funciones, las reformas buscan imponer una pena de tres meses o hasta cinco años de prisión a todos aquellos que —sin un fin lícito— porten o utilicen objetos, vestimenta, insignias o equipos de las corporaciones policiales o de las instituciones de seguridad, así como a quienes los comercialicen o falsifiquen.
Las reformas contemplan castigar con tres a nueve años de prisión a las personas que alteren o dañen el lugar donde se desarrolló un hecho delictivo, así como a quienes sustraigan objetos o evidencia de alguna escena del crimen. Si se trata de un servidor público, se podría aplicar la destitución del cargo y la inhabilitación por 15 años.
Se busca también concretar una pena de seis años de cárcel o, en su caso, inhabilitación por 15 años a los servidores públicos que traten asuntos de su competencia fuera de las audiencias judiciales. así mismo, también se sancionará a los abogados defensores, litigantes y representantes jurídicos en materia penal que actúen fuera del marco de la legalidad.
Por último, se impondrán penas de 10 a 50 días de multa y de cinco meses o hasta dos años de prisión para quienes quebranten no solo las sanciones judiciales, sino también las sanciones administrativas de privación o inhabilitación de derechos y funciones.
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