Política

Bancada del PAN presenta 7 reformas al Código Penal de Querétaro

El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso local presentó este 29 de mayo siete reformas al Código Penal del Estado de Querétaro relativas a la divulgación de imágenes pornográficas de una persona sin consentimiento, portar objetos útiles para alterar o forzar aparatos de seguridad, la alteración de placas de circulación de vehículos, portar distintivos u objetos de elementos de seguridad del Estado, la alteración de escenas de crímenes, el ejercicio fuera de tiempo de labores legislativas de funcionarios públicos, y penas para quienes quebranten sanciones judiciales y administrativas de privación o inhabilitación de derechos o funciones.

La primera reforma busca castigar con uno o hasta tres años de prisión a quienes obtengan y divulguen las imágenes de las partes íntimas o genitales del cuerpo de una persona sin su consentimiento; también se contempla castigar a quien amenacen con difundir imágenes eróticas o sexuales de una persona.

En materia de delitos contra la seguridad pública, se buscará imponer penas de 1 a 5 años de prisión a quienes porten objetos o instrumentos que sirvan para alterar o forzar cerraduras y dispositivos de seguridad tanto físicos como electrónicos.

También se busca castigar a quien altere las placas de circulación de vehículos, así como a las personas que tengan conocimiento de que los inmuebles o vehículos de su propiedad son usados para la comisión de un delito y no den aviso a la autoridad correspondiente.

En los delitos correspondientes a la usurpación de funciones, las reformas buscan imponer una pena de tres meses o hasta cinco años de prisión a todos aquellos que —sin un fin lícito— porten o utilicen objetos, vestimenta, insignias o equipos de las corporaciones policiales o de las instituciones de seguridad, así como a quienes los comercialicen o falsifiquen.

Las reformas contemplan castigar con tres a nueve años de prisión a las personas que alteren o dañen el lugar donde se desarrolló un hecho delictivo, así como a quienes sustraigan objetos o evidencia de alguna escena del crimen. Si se trata de un servidor público, se podría aplicar la destitución del cargo y la inhabilitación por 15 años.

Se busca también concretar una pena de seis años de cárcel o, en su caso, inhabilitación por 15 años a los servidores públicos que traten asuntos de su competencia fuera de las audiencias judiciales. así mismo, también se sancionará a los abogados defensores, litigantes y representantes jurídicos en materia penal que actúen fuera del marco de la legalidad.

Por último, se impondrán penas de 10 a 50 días de multa y de cinco meses o hasta dos años de prisión para quienes quebranten no solo las sanciones judiciales, sino también las sanciones administrativas de privación o inhabilitación de derechos y funciones.

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