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Recorte en publicidad oficial, sin relación con despidos y “crisis” mediática, dice Peschard

Tamara Mares / Especial para el Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI)

La “crisis” que viven algunos medios de comunicación y los despidos de empleados no tienen relación con el “recorte en la publicidad oficial”, descartó Jacqueline Peschard, excomisionada presidenta del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ex consejera electoral del IFE y académica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Hay que quitarse de la cabeza que la crisis que tienen los medios en cuanto a la relación con sus empleados sea producto del recorte en la publicidad oficial (…) tiene más que ver con una reestructuración hacia medios digitales y cómo hacen los medios impresos para, efectivamente, ponerse al día”, explicó en entrevista al término de la presentación del libro “La larga marcha hacia una regulación de calidad en publicidad oficial en México”.

Durante la presentación, realizada en el Auditorio Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los también especialistas Jesús Cantú y Raúl Trejo Delarbre participaron y señalaron los pendientes en materia de regulación y gasto en publicidad oficial.

De acuerdo con Jesús Cantú Escalante, es fundamental terminar con “la corrupción mediática” y reemplazar “la ley chayotera”, como se refirió a la Ley General de Comunicación Social, aprobada por el Congreso de la Unión en mayo de 2018 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Además, el tránsito hacia la democracia pasa necesariamente, afirmó, por “un ecosistema mediático fuerte, autónomo y que recree, de alguna manera, la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana”.

Sin embargo, aclaró que no es responsabilidad del gobierno federal desarrollarlo, puesto que esto quitaría lo autónomo, pero sí debe generar las condiciones para que exista. En este ecosistema, mencionó, deben estar los medios públicos, sociales y comerciales.

Otra iniciativa es un fondo para la promoción del Periodismo de Investigación. Entre las deficiencias del campo, Cantú Escalante señaló la falta de prestaciones de ley en sus empleos y la seguridad que padecen en espacios públicos.

México vive “rezago” en conocimientos de audiencias: Trejo Delarbre

De acuerdo con la cifra proporcionada inicialmente por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y posteriores anuncios de ajustes y recortes en el presupuesto federal, en 2019 se podrán ejercer 3 mil 300 millones de pesos para publicidad oficial, al incluir todas las dependencias de la administración federal.

Raúl Trejo Delarbre, columnista en varios medios de comunicación y especialista en publicidad oficial y derechos de las audiencias, explicó los retos, el panorama y los pendientes, tras analizar la política de asignación de publicidad oficial.

“Ningún medio de comunicación podrá obtener más del 25% de publicidad oficial para una campaña específica. Otro criterio para la asignación de recursos federales será el nivel de penetración en la población objetiva. Este punto ha generado controversia, puesto que abre paso a cuestionarse quién y cómo se genera la medición de audiencias de los medios de comunicación. Otros criterios para la selección, puntualizó Trejo Delarbre, serán: características, tarifas, destinatarios, cobertura y especialidad de cada medio.

“Este asunto no es culpa del gobierno, pero sí es responsabilidad del gobierno actual y del que sea,” afirmó el integrante del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, sobre los retos de la medición de audiencia en México.

“En México tenemos un enorme rezago en materia de conocimientos de audiencias y coberturas de medios de comunicación porque los únicos datos de los que disponemos han sido resultado de la simulación, la mentira, la connivencia y la improvisación, a veces, en las auditorías a los medios y en el estudio de los medios.” Ante este desafío, el académico propuso la realización de la medición por parte de una institución autónoma.

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