Jorge Luis Montes - Psique Parlamentaria

La gratuidad de la educación pública en México – Jorge Luis Montes

La educación es una de las herramientas más importantes de desarrollo a largo plazo, a la que deben apostar las naciones. Por fortuna así lo entienden el gobierno federal, el Congreso de la Unión y los congresos locales, fue así el resultado de un gran consenso nacional para democratizar el acceso a las escuelas de todos los niveles incluyendo a la educación inicial y a la educación superior.

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019 rompe con los paradigmas de la educación en México, al elevar a rango constitucional la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Compromiso que el Estado mexicano había aletargado durante décadas, negando, así, una oportunidad a muchas generaciones de jóvenes.

La responsabilidad de asumir, como Estado, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, sólo podría darse en un régimen de gobierno con tintes eminentemente democrático y popular, considerando que garantizar el acceso a la universidad de todos los estudiantes que deseen concluir una carrera generará un gasto mucho mayor a lo hoy establecido.

Quienes participamos en la discusión de la reforma constitucional, estábamos plenamente conscientes del impacto presupuestal que significa el concepto de gratuidad en la educación superior, por ende en la ley secundaria se prevé establecer un componente de gratuidad, mediante el cual se asignarán recursos adicionales a las universidades con la finalidad de compensar los cobros que las instituciones realizan por conceptos de inscripción, reinscripción, por ejemplo. Desde luego siendo realistas, dicho presupuesto incrementará gradualmente, de tal forma que bajo la responsabilidad presupuestaria no genere desequilibrios en el presupuesto estatal.

La gratuidad del nivel superior está basada en el principio de la inclusión y de igualdad de todas y todos los mexicanos, el Estado no podía seguir permitiendo que la falta de recursos económicos fuera el factor principal, por la que, la mayoría de los mexicanos truncaron sus estudios superiores.

Un gobierno que aspira a la grandeza de su pueblo y su nación, debe asumir el compromiso de evitar seguir excluyendo a las y los jóvenes del sublime derecho a la educación, que afectaba cruelmente a los mexicanos más pobres, a quienes se les negaba cualquier oportunidad de estudiar el nivel superior, violando así, el principio de igualdad consagrado en el artículo 4 constitucional.

La inserción en el texto constitucional de la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior, es, además de otras tantas virtudes, una ventana que abre la posibilidad a la reconciliación nacional, en tiempos donde la juventud busca oportunidades; es obligación del Estado brindarlas, antes que sucumban al camino fácil del crimen organizado.

Twitter: @jorgeluismn

FB: @JorgeLuisMontesN

 

 

 

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